**El escándalo del Fondo Ovino: Malversación de fondos públicos y fallas en la gestión**
Auditorías revelan graves irregularidades en el FRAO
Las auditorías realizadas por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) han expuesto fallas sistémicas en la gestión del FRAO (Fondo Ovino), poniendo en evidencia el mal uso de fondos públicos y el incumplimiento de los objetivos del programa.
- Falta de fiabilidad en el manejo de la información de los beneficiarios aprobados.
- Incertidumbre sobre la cantidad de acreencias del fondo.
- Debilidad en el recupero de los aportes reintegrables.
Sanciones inexistentes y fallas en la ejecución de proyectos
La auditoría también reveló la ausencia de sanciones a los beneficiarios incumplidores y debilidades en el control y la ejecución de los proyectos financiados por el FRAO.
La SIGEN encontró fallas en las compras y contrataciones, ausencia de documentación de respaldo y falta de control en las rendiciones de cuentas.
Auditoría de la Sindicatura General de la Nación
Cierre del Fondo Ovino: una medida para combatir la corrupción
El cierre del FRAO se inscribe en los esfuerzos del Gobierno Nacional para promover la transparencia en la función pública, facilitar el acceso a la información y desmantelar los sistemas que fomentan la corrupción estatal.
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El Decreto 215/2024 otorgó al Ministro de Economía la autoridad para administrar todos los fondos fiduciarios financiados total o parcialmente con fondos públicos, lo que llevó al cierre del FRAO.
Impacto en el sector ovino: incertidumbre y preocupación
El cierre del FRAO ha generado inquietud entre los productores ovinos, que dependían de los fondos para financiar mejoras en la eficiencia productiva.
La incertidumbre sobre el futuro apoyo financiero ha suscitado preocupación sobre el impacto a largo plazo en la industria ovina y el sustento de los agricultores.
Medidas necesarias para restaurar la confianza
El cierre del FRAO subraya la necesidad de reformas para garantizar la gestión responsable de los fondos públicos y prevenir el mal uso.
- Fortalecer los sistemas de auditoría y control.
- Imponer sanciones estrictas a los infractores.
- Mejorar la transparencia y el acceso a la información.
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